tramitesSolicitud de licencia de obra mayor de derribo


Solicitud de licencia de obra mayor de derribo

Este trámite no es online. No tiene tramitación en linea Este trámite es presencial. Tramitación presencial Este trámite no es telefónico. No tiene tramitación telefónica

Mediante este trámite podrá solicitar una licencia de obra necesaria para realizar demoliciones parciales o totales de edificaciones. 

Trámite presencial

Los pasos a realizar en la tramitación presencial son:

  1. Liquidar tasas e impuesto (6% PEM sin IVA) en el Servicio de Gestión Tributaria, más fianza en el Servicio de Intervención si hay ocupación de vía pública. Ambos servicios estan situados en Edificio Casa Consistorial

  2. Presentar toda la documentación requerida, más los justificantes de pago en el Registro General (Edificio Casa Consistorial).

Preguntas frecuentes

¿Cual es el plazo para resolver?

Se le informa que la administración tienen un plazo máximo de resolución y notificación de 4 meses, por ser supuesto en que se requiere informe preceptivo de otras Administraciones Públicas el plazo para la resolución será de cuatro meses (sin perjuicio de los supuestos legales de suspensión o ampliación de dicho plazo o de caducidad, que se comunicarían previamente), a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.(Art.191 Ley suelo de Cantabria). Transcurridos los plazos a que hace referencia el artículo anterior sin haberse notificado resolución alguna, el interesado podrá entender estimada su petición en los términos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico que adolezcan de vicios esenciales determinantes de su nulidad o que en sí mismas constituyan infracción urbanística manifiestamente grave (art.192 Ley Suelo de Cantabria). Así mismo, en virtud de la Ley 39/2015  de procedimiento Administrativo; el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

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